El Gobierno modificó la ley de Migraciones: cuáles son los principales cambios
29 de mayo del 2025
El Gobierno Nacional estableció, este jueves, la modificación de la ley 25.871 (de Migraciones) con medidas que buscan endurecer las deportaciones, el acceso a la ciudadanía y a servicios como salud y educación.
Además, el Decreto 366/2025, publicado en el Boletín Oficial, establece mayores controles en las fronteras y regularización de la situación de inmigrantes, entre otros puntos.
Según los cambios aplicados, el acceso a los servicios sociales, bienes públicos, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social seguirán vigentes para todos los inmigrantes, pero las autoridades establecieron ciertas restricciones, según la categoría que posea la persona (residencia permanente, temporaria o tranistoria en el país).
Respecto a la educación, los extranjeros con residencia temporaria podrán acceder al inicial, primaria y secundaria, ya sea en una institución pública o privada, sin ningún inconveniente, pero la situación será diferente para los que aspiren a ingresar al sistema de educación superior, ya que se habilitó a las instituciones estatales a cobrar una retribución por los servicios de educación.
En cuanto a la salud pública, pasará a ser una exigencia para los residentes temporales contar con un seguro de salud. “Solo se brindará tratamiento médico o atención sanitaria habitual contra la presentación de un seguro de salud o la previa cancelación del servicio”, afirma el nuevo artículo 7 de la Ley.
Por otro lado, de acuerdo con el DNU 366/2025, los extranjeros solamente estarán habilitados a ingresar por las fronteras oficiales, ya sea por medios terrestres, fluviales, marítimos o aéreos, pero deberán presentar una declaración jurada que explicite los motivos por los que llegan al país y un seguro de salud contratado. Además, se determinó la prohibición de ingreso para quienes hubieran cometido un delito doloso contra la vida, la integridad sexual, los poderes públicos o el orden constitucional.
Asimismo, el Gobierno sumó una cláusula para evitar que las personas que hayan sido condenadas en la Argentina o el exterior a cumplir una pena de 3 años, sin importar la modalidad de cumplimiento, por cualquier tipo de delito, puedan ingresar al país.
Por último, la reforma migratoria determinó que se eliminará la residencia permanente a aquellos que hubieran cometido delitos que merezcan ser penados con la cárcel.
En línea con esto, el no contar con domicilios declarados, ingresar sin pasar el control migratorio, desnaturalización de los motivos de ingreso y excederse en el plazo de estadía permitida serán causales suficientes para que se ordene la expulsión del país. Incluso, las autoridades solicitarán una orden de retención previo a concluir el procedimiento.
En tanto, advirtieron que los extranjeros que gozaran de la residencia permanente también podrían correr el riesgo de perderla si cometieran delitos de tipo doloso y si llegaran a permanecer un año o más tiempo por fuera del país. Lo mismo ocurrirá con aquellos que posean la residencia temporaria, salvo que el plazo límite se reducirá a seis meses.
Fuente:Rosarioplus.com
