Corrupción policial: cómo era la estafa que recaudaba $45 millones por mes
06 de mayo del 2025
La investigación a lo largo de los meses comprobó que era costumbre que los patrulleros cargaran una cantidad y las facturas fueran por un monto superior.
Cargaban diez litros de combustible en un patrullero y hacían figurar en la factura que compraron 20 o 30. Así de fácil, diecisiete personas (13 policías y 4 civiles) recaudaban 45 millones de pesos por mes sin disparar un tiro ni correr ningún riesgo.
La estafa en la asignación de combustible para móviles llegó a su fin este lunes, cuando la Justicia provincial tomó cartas en el asunto y, tras varios meses de investigación, ordenó una serie de allanamientos para desbaratar la red delictiva.
«Es un caso de corrupción focalizada«, aseguró Omar Pereira, secretario de Seguridad Pública del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe. «La carga de combustible siempre ha sido un tema que nos ha preocupado. En su momento (cuando Pullaro era ministro de Seguridad) se trabajaba con los vale, después se pasó al sistema Visa plus (o Flota), para darle más transparencia y control», agregó.
Según explicó el funcionario, la investigación comenzó en agosto pasado, tras una denuncia anónima en Subsecretaría de Control Policial, que luego se trasladó al Ministerio Público de la Acusación.
Respecto de la estación de servicio implicada en el hecho, Pereira afirmó que se trata de la Puma ubicada en Ovidio Lagos al 3900.
“Había una sobrefacturación por parte de la estación de servicio que trabajaban con determinadas personas de la Unidad Regional 2. Una unidad cargaba 10 litros y figuraban 20 o 30 en la factura”, comentó.
La malversación de caudales públicos ronda los 45 millones de pesos, en el marco de una estimación mensual de 380 millones que se destinan a la URII para carga de combustible.
«Siempre el delincuente le encuentra la vuelta al sistema para poder engañar», indicó el funcionario y concluyó: «Ahora empieza la investigación a fondo con el peritaje de los celulares».
Por su parte, el fiscal José Luis Caterina, a cargo de la causa junto a Matías Merlo, había señalado este lunes: «La mayoría de los efectivos policiales detenidos son jerárquicos de la URII; no están involucrados ni el jefe ni el subjefe. Además, se han secuestrado en domicilios particulares alrededor de 300 tarjetas Visa Flota, que deberían estar en poder de cada chofer de móvil para la carga de combustible”.
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