Beneficio para Ponce Asahad
29 de septiembre del 2021

Antes de quedar libre, prestó una declaración muy importante para el avance de la causa por juego ilegal clandestino.
El ex fiscal Gustavo Ponce Asahad obtuvo ayer la libertad condicional tras permanecer algo más de un año detenido por haber sido señalado por el empresario del juego clandestino, Leonardo Peiti, de haberle cobrado coimas mensuales en dólares para brindarle protección. El fiscal destituido alcanzó el beneficio luego de firmar un juicio abreviado que lo condenó a la pena única de 6 años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua por participar de una organización ilícita, pero las partes aceptaron la figura del imputado colaborador, al haber confesado que cobró coimas del juego ilegal, que reduce la condena a 3 años de prisión efectiva. Por el tiempo transcurrido que estuvo preso, la defensa del ex fiscal solicitó ayer en audiencia de ejecución se le otorgue la libertad y cumpla en dicha condición el resto de la pena impuesta, pedido que avaló la jueza Eleonora Verón por lo que Ponce Asahad, quien se encontraba detenido en una dependencia de la PSA, quedó libre.
Luego de la audiencia, el fiscal Matías Edery dijo a Rosario/12 que Ponce Asahad prestó una declaración muy importante para el avance de la causa, que fue valorado por la jueza positivamente, primero para reducirle la condena y después para otorgarle este beneficio. Según trascendió, esa declaración será dada a conocer públicamente en las próximas horas.
«También le impuso reglas de conducta, además de las habituales: no puede tener ningún tipo de contacto con los imputados nombrados en la causa, entre otros el senador Armando Traferri, ni con sus abogados. Y si alguno se intenta contactar con él, tiene la obligación de comunicarlo a la fiscalía bajo pena de perder la libertad condicional y tener que volver a cumplir el resto de la condena preso», agregó.
Cuando se firmó el juicio abreviado, homologado por la jueza Isabel Más Varela, los fiscales le atribuyeron a Ponce Asahad haber conformado una asociación ilícita integrada además por el ex fiscal Regional Patricio Serjal, que fue imputado y está detenido, el ex empleado de la fiscalía Nelson Ugolini, el fallecido capitalista de juego de Rafaela, David Perona, el ex jefe policial Alejandro Torrisi, y Peiti.
La organización se desplegó en Rosario, Villa Gobernador Galvez, Gálvez y Rafaela, y su objeto fue «usufructuar el dinero ilícito proveniente de la recaudación generada por una red de casas de juegos de azar ilegal y apuestas efectuadas por medios electrónicos no autorizadas», según detallaron los fiscales en el acuerdo que aceptó la defensa de Ponce Asahad.
«Los organizadores de esta asociación ofrecieron y aceptaron dádivas a funcionarios públicos que omitieron hacer actos propios de su funciones; omitieron perseguir penalmente los delitos estando obligados a hacerlo y brindaron información reservada a personas con el objetivo de hacer fracasar cursos investigativos», plantearon los fiscales, quienes valoraron que el acuerdo confirmó reuniones y contactos con el senador Traferri.
«La información aportada por Ponce Asahad dentro de la presente investigación proporcionó datos suficientes que permitieron un avance de la investigación; nos referimos a los llamadas entre él y Traferri que pudieron ser corroborados y la reunión que tuvo Peiti con Traferri en Ricardone, donde vive el actual senador. Así mismo reconoció los encuentros que se le atribuyeron con Peiti y aportó información que permite entender y comprender el funcionamiento de la organización criminal», agregaron.
En agosto, los fiscales citaron a audiencia imputativa al senador por San Lorenzo, pero no se presentó. Unos días más tarde, el juez penal Juan José Mascali admitió el recurso de inconstitucionalidad presentado por la defensa del legislador provincial, luego de que el propio magistrado en un fallo anterior había declarado inconstitucional la inmunidad de los legisladores que obligaba a Traferri a presentarse en la audiencia, por lo que el tema fue elevado a la Corte Suprema de Justicia santafesina, que debe definir la cuestión de fondo.
Fuente:Rosario12.com.ar